El inspector jefe detenido empleaba una estructura por capas en las que las sociedades nuevas engullían a las antiguas
La trama familiar empleada por Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe corrupto al que sus compañeros han cazado con 20 millones emparedados en su chalé, utilizaba las licencias de VTC (coches con conductor que se explotan a través de aplicaciones como Uber y Cabify) como vehículo de blanqueo con el que, a ojos de Hacienda, intentaban ocultar fondos siguiendo la lógica de las muñecas rusas.
De este modo, el rastro mercantil de la familia del narcopolicía se remonta hasta el año 2018, cuando su cuñada crea la primera empresa dedicada al negocio de las VTC. Una primera sociedad con domicilio en la planta de arriba de un taller de Vallecas que, en realidad, alberga la actividad legal de una gestora de licencias con conductor de terceros.
«La policía se presentó aquí el jueves para requisar más de 80 coches y desde entonces estamos intentando procesar lo que ha pasado», cuenta el responsable de la empresa (legítima) desde cuya sede se operaban algunas de las licencias y vehículos que manejaba la cuñada del inspector jefe corrupto. «Nos hicieron llevarles los coches», añade.
La intervención de los vehículos, narrada a GRAN MADRID por los trabajadores de estas empresas dedicadas al negocio de las VTC, se produjo después de que las fuerzas especiales de la Policía irrumpiese en la vivienda familiar del detenido en la localidad de Villalbilla, que fue sometida a un concienzudo registro de más de 12 horas en el que llegaron a destrozar paredes con picos y radialesen busca de los 20 millones en efectivo.
Sin embargo, no todos los activos procedentes de la corrupción eran líquidos, y los 80 coches incautados en la empresa de Vallecas constituyen tan solo una primera pieza del emporio con forma de matrioshka con el que la organización intentaba dar salida a las mordidas por permitir la entrada de grandes cantidades de droga en nuestro país, a cambio de dejar pasar un millón de euros por cargamento, según han comunicado fuentes policiales a Efe.
Tres años después, en 2021, la organización familiar fabricó la segunda de las muñecas rusas: una empresa con sede social en otro taller de Vallecas (que también recibió la visita de la policía estos días) y que también se dedica a comprar licencias de VTC que, aunque a primera vista parece una empresa distinta, es propietaria al 100% de la primera. Una operación de autoabsorción de compañías por capas que se repitió en distintas ocasiones, llegando a crear algunas que engullían a todas las anteriores hasta abril de este mismo año, fecha en la que se creó la última de las sociedades.
Pese a que a primera vista pueda resultar paradójico, la estructura empresarial para camuflar el rastro del dinero de la droga, diseñada por el inspector jefe de la Policía Nacional al frente de la Unidad de Blanqueo de Madrid, obedece a una canónica estructura societaria en cascada o por capas empleado cientos de veces para la comisión de este tipo de fraudes para blanquear dinero. Una evidencia de falta de celo que, además, queda patente en que entre el agente y la titular de las empresas (la hermana de su mujer) solo existe un grado de separación familiar.
De este modo, la trama comenzó a adquirir las primeras licencias de vehículos de transporte con conductor en 2018, cuando su precio se encontraba por debajo de los 50.000 euros, y las últimas en julio de este año, según la información disponible en los registros públicos. Unas adquisiciones que, además, coinciden con un momento de máximos históricos en el precio de las VTC, cuyos anuncios de compraventa se sitúan en el entorno de los 120.000 o 140.000 euros.
La detención del inspector jefe, Óscar Sánchez, de su mujer (destinada en el Grupo 1 de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial de Alcalá de Henares) y de su cuñada fue fruto de al menos un año de rastreo por parte de los agentes de Asuntos Internos, aunque fuentes policiales han explicado a GRANMADRID que este agente ya había sido jefe de Estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado Central hace un lustro. Su detención se precipitó días después de que Interior incautase en Algeciras un alijo de 13 toneladas de cocaína procedente de Ecuador, la mayor cantidad de droga interceptada en España.
EL MUNDO
Luis F. DuránMadrid